Publicado el 12/07/2025 por Administrador
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A más de tres años de haber sido instaurado, el régimen de excepción en El Salvador ya no se presenta como una medida temporal de emergencia, sino como una estructura permanente de gobierno. La administración del presidente Nayib Bukele ha mantenido la suspensión de garantías constitucionales con renovaciones consecutivas, en un contexto de creciente denuncia nacional e internacional por violaciones a los derechos humanos.
El discurso oficial sostiene que esta política ha sido esencial para reducir los índices de criminalidad, en particular la actividad de las pandillas. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas y actores de la sociedad civil alertan sobre una profunda erosión del Estado de derecho, marcada por detenciones arbitrarias, torturas y un sistema penal colapsado.
Más de 85 000 personas han sido detenidas desde la implementación del régimen. Muchos de ellos no han sido acusados formalmente ni tienen acceso a defensa legal. Existen múltiples reportes de fallecimientos en prisión bajo condiciones opacas, en algunos casos con señales de violencia física o abandono médico.
Las cárceles, especialmente el megacentro conocido como CECOT, están al límite de su capacidad. Allí se denuncia la práctica sistemática de castigos físicos, hacinamiento extremo, ausencia de visitas familiares y restricciones absolutas a la información. El sistema carcelario salvadoreño ha pasado de ser un instrumento de justicia a una maquinaria de encierro masivo, según activistas.
La situación se agrava con las recientes acciones contra voces disidentes. Defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y opositores han sido objeto de hostigamiento judicial, campañas de desprestigio y, en algunos casos, detenciones. La criminalización de la crítica se ha convertido en una constante que afecta incluso a quienes intentan documentar lo que ocurre dentro de los penales.
A esto se suma una legislación impulsada por el oficialismo que otorga al Estado poder para etiquetar a organizaciones sociales como “agentes extranjeros”, limitando su operación e ingresos. Esta medida ha sido percibida como un intento de desmantelar la vigilancia independiente sobre el aparato estatal.
La población, por su parte, muestra una dualidad: aunque muchas personas expresan temor a manifestarse o emitir opiniones críticas por miedo a represalias, sigue existiendo un alto nivel de apoyo popular al presidente y su política de mano dura. Para una parte significativa del país, la sensación de seguridad justifica el sacrificio de derechos fundamentales.
El panorama es complejo y paradójico. Mientras el gobierno afirma haber devuelto la paz a las calles, el costo en términos de libertades y justicia se torna cada vez más evidente. La narrativa oficial se basa en cifras y encuestas favorables, pero en el trasfondo, crecen las voces que señalan que El Salvador ha entrado en una etapa de autoritarismo sostenido.
Con la maquinaria institucional alineada con el Ejecutivo y sin contrapesos visibles, el régimen de excepción se ha convertido en la norma. La pregunta ya no es cuándo terminará, sino cuánto más podrá profundizarse sin que el sistema democrático colapse por completo.
