La «excepción ibérica» para intervenir el gas, un espectáculo oscurantista del Gobierno ante la UE

Sánchez no logra en casi dos meses que Bruselas apruebe lo que él aseguró en marzo que obtendría «confirmación urgente» Leer

La «excepción ibérica» para intervenir el gas, un espectáculo oscurantista del Gobierno ante la UE

Sánchez no logra en casi dos meses que Bruselas apruebe lo que él aseguró en marzo que obtendría "confirmación urgente" Leer

«Que conste en acta». Es duro para la imagen del país repasar la comparecencia del presidente del Gobierno el pasado 30 de marzo y ver cómo la Comisión Europea sigue sin darle credibilidad casi dos meses después. Fue cuando Pedro Sánchez apostó que Bruselas daría visto bueno exprés al acuerdo que había alcanzado en el Consejo Europeo junto al primer ministro portugués, António Costa, para que ambos países pudieran intervenir el mercado eléctrico al margen del resto de la UE. «Estas medidas, señorías, es muy importante y que conste en acta, que no supone subvenciones al gas, no distorsionan los incentivos a las energías limpias, ni tampoco los flujos de electricidad entre países». Y, en claro mensaje más que a los diputados a la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, dijo: «En definitiva, nuestro mecanismo no distorsiona el mercado europeo de la electricidad, no supondrá riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la Unión Europea, pero sí nos va a permitir rebajar los precios de la energía». Y como no había problema añadió que «esta misma semana vamos a enviar nuestro paquete de medidas a la Comisión Europea, que confirmará de forma urgente».

Sin embargo, ni lo enviaron como es debido esa semana, ni Bruselas lo ha confirmado aún más allá de meros «acuerdos políticos» o «vistos buenos preliminares». Por eso los consumidores siguen sin notarlo en el recibo.

La anunciada a bombo y platillo «excepción ibérica» para limitar el precio del gas para generar electricidad se ha convertido en un espectáculo oscurantista ante la Unión Europea y ante los inversores -esos que España necesita para la transición energética- con posibles consecuencias positivas a corto plazo de una cierta rebaja del precio de la luz, pero gravemente negativas a medio y largo plazo por el coste real de la medida.

Todo apunta a que Sánchez logró arrastrar a su homólogo socialista portugués -pedir excepción ibérica sin el resto de Iberia era excesivo- sin que Costa calibrara donde le estaba metiendo el español. El hecho de que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, afirmara aún este martes que todavía hay que conseguir planes de España y Portugal que sean «coincidentes» para poder presentarlos a Bruselas muestra que Sánchez y Costa tuvieron la osadía de exigir permiso a la UE para una intervención en el mercado que no tenían ni diseñada ni pactada previamente entre ellos.

La reacción de la liberal danesa Vestager abochornando a ambos al recalcar que aún espera una propuesta ibérica que ella pueda aprobar «con solidez jurídica» evidencia no sólo la improvisación, sino el temor de Bruselas, como ya publicó este diario, a una litigiosidad internacional contra esta excepción ibérica.

No aclaran aún quién pagará los 6.000 millones que, según el consejero delegado de Endesa, José Bogas, costará esta excepción en términos de indemnización a las gasistas, aunque todo apunta a que terminará pagándose en diferido en el recibo y con factura adicional de daños y perjuicios si el Gobierno termina perdiendo en los tribunales.

En cuanto a las formas, es insólito que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, haya enviado ya oficialmente al menos dos propuestas a Bruselas sin hacerlas públicas, aunque se sabe que en una solicitaba un techo de 30 euros/megavatio hora y en otra se conformaba con 50 de media en doce meses. También es temerario que no esté consultando al sector la formulación, porque una cosa es no someterse al sector privado y otra ni siquiera escucharlo, cuando es conocida su capacidad de pleito y victoria en tribunales. Y más con la trayectoria legal de Ribera, que ha tenido que rectificar en el pasado sus propios decretos para evitar males mayores al Gobierno.

El director general de Regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Pedro González, critica «la desinformación elevada» que tienen y que puede provocar tal falta de transacciones en el mercado, que «la única solución que quedará al cliente es la de una tarifa vinculada al mercado diario». Es decir, menos oferta que ahora. A la espera de si la letra pequeña confirma los peores presagios que conste en acta ya este espectáculo oscurantista.

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